INDÍGENAS DE QUEROS Y SANTA ROSA DE HUACARIA DENUNCIAN SUPLANTACIÓN EN LISTAS ELECTORALES PARA GOBIERNO LOCAL Y REGIONAL EN EL CUSCO

Indígenas de Queros y Santa Rosa de Huacaria, ubicadas en el distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, región del Cusco, han denunciado que personas inescrupulosas se estarían pasando por indígenas sin serlo con la finalidad de inscribir sus listas electorales ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Mediante una carta enviada al presidente del Jurado Electoral Especial de Cusco, Víctor Ladrón de Guevara de la Cruz, los jefes de dichas comunidades, Jorge Quispe Quispe y Marco Arones Jerewa, respectivamente, informaron que las personas inscritas en la relación de regidores a la alcaldía y consejeros al gobierno regional, “no son miembros de ninguna de nuestras comunidades ni mucho menos representan nuestros intereses”.

Así lo determinaron después de una revisión exhaustiva. Entre las listas con observación se encuentran las del partido aprista, Perú Posible, Unión por el Perú (ver documento anexo).

“Se ha iniciado esta lucha en la defensa y el respeto de nuestros derechos”, precisó mediante un correo electrónico enviado a la FENAMAD, Walter Quentewuari, comunero de Queros.

Como se sabe, de acuerdo al “Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Regionales y Municipales” de este año, por lo menos el quince por ciento (15%) de la lista de candidatos a regidores provinciales y consejeros regionales debe estar integrado por representantes de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios ubicados en la provincia correspondiente.

“Según nuestros mutuos acuerdos entre las dos comunidades es posible que una delegación viaje a la ciudad del Cusco, para hacernos presente en los medios de prensa y ante las autoridades respectivas”, dijo Quentewuari.

La carta está dirigida también al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, a quienes instan a cumplir sus funciones.

Las comunidades nativas de Queros y Santa Rosa de Huacaria, pertenecientes a los pueblos Matsiguenka y Harakmbut, junto a su organización representativa (Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes – FENAMAD) viabilizarán todos los canales regulares ofrecidos por el Estado Peruano, “para impedir la suplantación de la identidad indígena, la mala utilización de nuestra condición jurídica y los actos de mala fe en que incurren personas inescrupulosas con el fin de disminuir nuestra condición de ciudadanos”.

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“En Bagua confluyeron dos circunstancias, una coyuntural, con la emisión inconsulta de los decretos legislativos, y otra histórica, que ha sido el despojo territorial y la exclusión generacional que han vivido los pueblos indígenas del Perú”. Entrevista a Beatriz Huertas Castillo.

A un año de los sucesos de Bagua, se publica el libro “Pueblos Indígenas y Movimiento Social en Madre de Dios”, escrito por Beatriz Huertas. El estudio ofrece un panorama sobre la formación del movimiento indígena en el ámbito nacional y, en particular y con mayor énfasis, en Madre de Dios. Muestra la relación histórica entre los momentos de auge de actividades económicas extractivas como el oro, la caoba y el petróleo con la intensificación del accionar de la organización indígena regional, FENAMAD, para demandar al gobierno el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos que representa.

Con relación a las movilizaciones sociales de los últimos años, en base a entrevistas a dirigentes y la recopilación de cartas, pronunciamientos y otros documentos, los mismos que plasma en el libro, la autora demuestra que la organización indígena regional y el bloque de organizaciones sociales cuya conformación fue promovida por FENAMAD desde el año 2000, se manifestaron intensa y públicamente frente a la política del gobierno de Alan García desde el año 2007.

Uno de los primeros pronunciamientos difundidos en este marco expresa el rechazo de las comunidades indígenas de la región al artículo del presidente García denominado “El síndrome del perro del hortelano”. A éste siguieron cartas y declaraciones fundamentando el rechazo a los “proyectos de ley de la selva” que fueron emitidos desde el año 2006 y, posteriormente, se difundieron pronunciamientos fundamentando el rechazo a los decretos legislativos que el gobierno dictó en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Después se conocerían los sucesos en Bagua, en donde murieron 34 personas, 25 policías y 9 indígenas, como consecuencia de un estallido de violencia tras meses de tensión entre el gobierno y los indígenas.

Conversamos con Huertas, a poco de haberse publicado el libro, para quien en las mencionadas movilizaciones y los lamentables hechos de Bagua confluyeron dos factores: uno coyuntural, con la emisión inconsulta de los decretos legislativos que afectaban a los pueblos indígenas, y otro histórico, que ha sido el despojo territorial y la exclusión generacional que han vivido los pueblos indígenas del Perú.

¿Qué pasó en este encuentro o podríamos llamar desencuentro fatal de hechos?

Entre los años 2006 y 2009, el gobierno impulsó la aprobación de una serie de normas que afectaban directamente los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas a la autonomía, la identidad, la propiedad sobre las tierras, entre otros. Inicialmente se trató de proyectos de ley que fueron discutidos en el Congreso pero terminaron siendo archivados por sus inconsistencias legales, la amenaza que significaban para las comunidades indígenas y la consecuente convulsión social que podían acarrear.

Contrariamente, aun con los peligros que estas normas encerraban, el Poder Ejecutivo convirtió varias de ellas en decretos legislativos que emitió de manera inconsulta, acelerada y accidentada, escudándose en las facultades que el Congreso le confirió para emitir normas orientadas a la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. A esto se sumó el hartazgo de la población indígena y sus organizaciones que sufren el progresivo despojo de sus territorios y todo lo que ello implica para su subsistencia y continuidad como pueblos.

Las organizaciones indígenas expresaron de todas las formas democráticas que les fue posible su rechazo a estas normas pero el gobierno respondió inicialmente con indiferencia, luego con arrogancia y finalmente con represión, lo cual desembocó en los lamentables sucesos de Bagua. El manejo de la situación por el gobierno fue irresponsable, carente de seriedad y totalmente antidemocrático.

¿Ha cambiado algo desde Bagua? ¿Puede repetirse otro “Baguazo” en el país?

(Silencio…) Los pueblos indígenas, su situación y demandas son ahora conocidos por parte importante de la población. Diversos sectores de la población se encuentran sensibilizados hacia su problemática y los respaldan. Organismos internacionales de defensa de los derechos humanos brindan ahora mayor atención a las delegaciones indígenas del Perú para tratar sobre sus propuestas. Un avance importante ha sido la aprobación de la ley de consulta previa por el Congreso de la República; sin embargo, preocupa que a pesar del tiempo transcurrido desde su aprobación, esta no haya sido promulgada por el gobierno.

A la vez, es importante tomar en cuenta que actualmente decenas de lotes petroleros y denuncios mineros continúan superpuestos a territorios de pueblos y comunidades indígenas. Los conflictos sociales que se producen como resultado de esta superposición de derechos no son atendidos por las autoridades con seriedad. Estas no hacen respetar las normas que amparan a las comunidades indígenas pero si se preocupan por hacer cumplir las normas que favorecen a las empresas. Esta conducta de las autoridades ha llevado a que el gobierno sea visto como socio de las empresas petroleras y no como ente responsable de velar por el bienestar de la población.

El caso de la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, ilustra en gran medida esta situación: tenemos un lote petrolero superpuesto (lote 76) a esta área que además de ser territorio indígena ancestral es zona de cabecera de cuenca, con todo lo que eso significa para el abastecimiento de agua por la población; tenemos autoridades denunciadas públicamente por la organización indígena regional, FENAMAD, por modificar irregularmente los contenidos del Plan Maestro de esta área natural protegida para favorecer la actividad petrolera en su interior; autoridades que no responden a las demandas de atención presentadas por las comunidades indígenas ante el problema y que, por el contrario, acompañan en todo momento a los representantes de las empresas denunciadas para defenderlas, etc. Otros casos son, por ejemplo, la falta de atención a solicitudes de titulación de territorios comunales que ya llevan entre 15 y 10 años de gestiones.

El libro está ubicado en Madre de Dios, ¿Cómo se expresa la política del gobierno sobre la amazonía en esta región donde, además, se piensa construir la hidroeléctrica del Inambari?

La política del gobierno se expresa con contundencia en Madre de Dios. Por ejemplo, en el año 2010 se encuentran operativos dos lotes de hidrocarburos superpuestos a territorios de pueblos Shipibo, Amahuaca, Kichwa Runa, Harakmbut, Yine y Matsiguenka. Además, el gobierno tiene interés en licitar otros tres lotes ubicados en zonas social y ecológicamente sensibles. De otro lado, existen más de 2000 concesiones mineras y forestales.

Dada su ubicación fronteriza, la región soporta un conjunto de proyectos y megaproyectos binacionales, enmarcados en la estrategia de integración vial, comercial y energética que viene siendo impulsada por los gobiernos de Perú y Brasil. Sobre la construcción de la Hidroeléctrica del río Inambari, algunos reconocidos especialistas han sugerido al gobierno la posibilidad de que esta obra no se ejecute ante los enormes impactos socio ambientales que su construcción ocasionaría en Puno, Cusco y Madre de Dios y también en el país.

El gobierno acusa a los pueblos indígenas y otras organizaciones de la sociedad civil de oponerse al desarrollo; sin embargo, no se puede hablar de desarrollo cuando éste implica poner en riesgo los territorios y, por ende, la integridad física y socio cultural de los pueblos indígenas, así como el bienestar de la población amazónica en general.

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